Acuerdo PSOE-PP para el CGPJ: Feijóo logra una reforma de la ley para que los jueces elijan a los jueces

Partido Socialista y Partido Popular han alcanzado este martes un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto, como había adelantado OKDIARIO, era inminente, y ha sido suscrito en primera persona por los negociadores, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en Bruselas y en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

Según este acuerdo, se procederá a «la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023». Los socialistas elegirán a diez vocales y los populares a los otros diez de los 20 que componen el CGPJ.

Además, ambos partidos se comprometen a «presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial», en línea con las recomendaciones de Bruselas.

«El PP siempre defendió que sólo podía haber acuerdo si el acuerdo mejoraba el sistema y restaba control político al CGPJ. Lo hemos conseguido», destacan desde Génova.

Los jueces eligen a sus pares

Así, los populares aceptan la renovación a cambio de la «aprobación simultánea» de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la independencia judicial. Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio.

Siguiendo las recomendaciones de Bruselas, en esa ley se incluirá una disposición en la que se dará un plazo de seis meses a los vocales para que diseñen una reforma para la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial.

Para ello, se determina que «en el plazo de seis meses, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».

Esta propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación.

Igualmente, todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos). También en lo referido a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.

Presidente del Supremo

En el PP señalan que «el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo», de forma que «por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal». Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Se ampliará de 15 a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo.

Igualmente, en Génova destacan que «los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023».

No más casos Dolores Delgado

El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Es decir, lo que ocurrió con Dolores Delgado.

En concreto, se regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del fiscal general del Estado, «de manera que no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma».

PP y PSOE acuerdan también cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ.